La política municipal nunca deja de sorprender. Leo con cierta fascinación que hasta el colectivo teóricamente homenajeado muestra en esta ocasión su desacuerdo con el tipo de gastos sin sentido al que nos tiene acostumbrado el Ayuntamiento hispalense. Y encima andan firmando acuerdos con el Partido Popular:
Colega acepta un contrato-programa con el PP de cara a las elecciones de 2011
La pregunta clave es si esto será un hecho aislado --tan aislado como el caso de Gallardón-- o si forma parte de una nueva estrategia del PP para arrebatarle al PSOE una parte de su clientela más fiel. Una modernización del mensaje popular en este campo puede poner en peligro lo que los socialistas siempre han considerado un voto asegurado, como puede hacerlo el tímido desmarque del PP frente a la Iglesia que viene atisbándose desde hace un tiempo. Aunque no nos engañemos: no se trata de que de pronto vayamos a tener la derecha moderna y liberal que tanta falta haría en este país. Pero, con todo, habrá que seguir el desarrollo de los acontecimientos. La cosa puede ponerse interesante y quitarle al PSOE los clásicos capotes que tan socorridos le resultan para distraer la atención. Supongo que alguien habrá dado ya la voz de alarma entre los socialistas. O debería.
¿Imaginan ustedes un mundo en el que la aprobación del matrimonio gay deje de convertirse en la política única que justifica o contrarresta todo lo demás? Aunque lo más curioso de ese argumento es que a quien se le oye con más frecuencia es a la progresía heterosexual. La que no concibe que una determinada orientación sexual pueda no ir automáticamente asociada a una determinada etiqueta partidista.
(News flash para desinformados: hay hasta gays de derechas.)
viernes 19 de junio de 2009
miércoles 17 de junio de 2009
La izquierda que subía impuestos a los ricos
Como de costumbre, las contradicciones de este gobierno que se hace llamar de izquierdas vuelven a saltar a los ojos de quien esté dispuesto a verlas. Ahora resulta que para alimentar un gasto descomunal destinado a maquillar durante unos meses las cifras del paro (véase el célebre Plan E) y para alimentar a la clientela (400 euros, cheques-bebé, portátiles regalados y demás ocurrencias), nuestros ilustres gobernantes deciden que es necesaria una brusca subida de los impuestos sobre el tabaco y la gasolina. Ante semejante panorama, se propone una señalar las incoherencias entre lo que este gobierno dice y lo que hace y no sabe ni por dónde empezar.
No, no se trata de ponerse neoliberales, ni el gasto público es malo en sí mismo, pero a una lega en economía le parece que sería conveniente que se utilizase con cabeza y que se tratase de inversión productiva y de infraestructuras, y no de poner columpios en los parques, que no está la cosa para andar derrochando. El empleo que se crea así es, en última instancia, artificial. Y, a la larga, no cambia nada, tanto como hablan de transformar el modelo productivo. ¿Se trata de transformarlo en un modelo basado en la subvención y la caridad? Si es eso, ya se empieza a entender mejor por qué se decidió empezar por Andalucía. De hecho, aquí no hay que cambiar nada: se trataría tan sólo de extender el modelo al resto de España. Ese modelo que se ha dedicado a dilapidar fondos europeos durante años. Eso sí, garantizando un voto fiel, que es lo importante. "La derecha no puede gobernar", ya se sabe.
Pero eso, al fin y al cabo, nos remite al eterno debate entre las políticas (más o menos) keynesianas y las (más o menos) ortodoxas, y no seré yo quien se meta en esa camisa de once varas. Sí que intuyo que, tanto en unas como en otras, cabe mirar más allá de los papeles y los dogmas y aplicarlas con sentido común, con un plan coherente y global en mente, y sin aspavientos del tipo "me he levantado esta mañana y mientras me tomaba el zumo de naranja se me ha ocurrido que esta semana vamos a jugar con las arcas públicas haciendo X, ¿a que mola?" Pero yo a lo que iba es a la repentina subida de precios de carburantes y tabaco.
Ya sabemos, claro, que ambas cosas son pecado. Y dado que, según parece, la socialdemocracia realmente existente (aquí) ha decidido que es su deber histórico ejercer de Papá Estado --a mí esto me recuerda al paternal Generalísimo, qué quieren que les diga--, no es de extrañar que vele por la salud de nuestros pulmones y por la limpieza de nuestro aire. Pero eso sí, no nos confundamos: los que han de mantenerse sanos por decreto gubernamental, los que deben asegurar que el aire de las ciudades se torne repentinamente prístino, son los de siempre. Como de costumbre, pagan los mismos: no ya un proletariado inexistente como tal, pero sí desde luego las clases bajas y las medias.
No estoy diciendo nada nuevo, claro: es algo tan sencillo y tan antiguo como que los impuestos directos son más redistributivos, más igualadores, más "de izquierdas", que cualquier impuesto indirecto. No digamos ya cuando el impuesto indirecto en cuestión experimenta una subida tan súbita, siendo (como lo es) una carga sobre productos que, de primera necesidad o no, son de consumo diario y constante. Uno puede prescindir del tabaco, claro, pero el caso es que eso es una decisión personal (¿les suena aquello de la libertad individual?) en cuya dirección se va a presionar a los de siempre. Por una subida de 35 céntimos, está claro que quien cobra 5000 euros al mes no se va a ver abocado a abandonar el pitillo. Y digo yo que además, con la que está cayendo, podrían dejarle al menos al personal el consuelo del cigarrito de media mañana. Y del de después, que es el más importante de todos (aunque parece ser que, en esos momentos post-coito, la pastilla se considera más saludable que el cigarro).
No digamos ya la gasolina: promovamos el transporte público. Pero no mejorando su calidad, comodidad, frecuencia de paso y fiabilidad; eso sería absurdo. Si el ciudadano sevillano tiene que estar 27 minutos esperando el metro, que espere. No nos vamos a poner ahora a proporcionar un servicio digno. Mucho más sencillo es decretar una subida del precio de los carburantes que obligue a quienes estaban al filo de la navaja a perder el tiempo necesario cada mañana yendo al trabajo. Si es que siguen teniendo trabajo, claro. De paso, la vía pública se queda más despejada para los coches oficiales, que hay que ver lo que se tarda cada mañana en llegar de casa al Ayuntamiento, con tanto vehículo malvado y contaminante por ahí, empeñado en entorpecer el paso. ¿Que la subida de la gasolina va a provocar, por otra parte, una subida del resto de productos? Bueno: así casi parecerá que hay actividad económica, que el dinero se mueve, que la gente se anima y por eso suben los precios. No hay mal que por bien no venga y, total, nosotros seguiremos llegando a fin de mes con la misma facilidad. Que en Moncloa se vive mu a gustito, la verdá.
Claro está que no se trata ni de preocuparse por nuestra salud (antes al contrario: lo que conviene es que la gente siga comprando tabaco, para que entre un poco de dinero) ni de edificar un modelo "más sostenible". Se trata, sencillamente, de que a base de medidas irresponsables y oportunistas nos hemos comido el superávit a una velocidad récord (porque, además, no lo olvidemos, no había crisis). Y algo habrá que hacer para paliar la falta de ingresos.
La carga, eso sí, sobre los hombros de los de siempre. Esta es la nueva izquierda, señores. Y que todavía nos quieran colar el cuento, vídeos mediante, de la oposición binaria entre izquierda y derecha tan nítidamente dibujada en los cartelitos electorales, mitad azules y mitad rojos.
Esta debe ser la anunciada subida de impuestos "a las rentas más altas".
Lo que realmente apetece, qué quieren que les diga, es soltar unos cuantos improperios.
No, no se trata de ponerse neoliberales, ni el gasto público es malo en sí mismo, pero a una lega en economía le parece que sería conveniente que se utilizase con cabeza y que se tratase de inversión productiva y de infraestructuras, y no de poner columpios en los parques, que no está la cosa para andar derrochando. El empleo que se crea así es, en última instancia, artificial. Y, a la larga, no cambia nada, tanto como hablan de transformar el modelo productivo. ¿Se trata de transformarlo en un modelo basado en la subvención y la caridad? Si es eso, ya se empieza a entender mejor por qué se decidió empezar por Andalucía. De hecho, aquí no hay que cambiar nada: se trataría tan sólo de extender el modelo al resto de España. Ese modelo que se ha dedicado a dilapidar fondos europeos durante años. Eso sí, garantizando un voto fiel, que es lo importante. "La derecha no puede gobernar", ya se sabe.
Pero eso, al fin y al cabo, nos remite al eterno debate entre las políticas (más o menos) keynesianas y las (más o menos) ortodoxas, y no seré yo quien se meta en esa camisa de once varas. Sí que intuyo que, tanto en unas como en otras, cabe mirar más allá de los papeles y los dogmas y aplicarlas con sentido común, con un plan coherente y global en mente, y sin aspavientos del tipo "me he levantado esta mañana y mientras me tomaba el zumo de naranja se me ha ocurrido que esta semana vamos a jugar con las arcas públicas haciendo X, ¿a que mola?" Pero yo a lo que iba es a la repentina subida de precios de carburantes y tabaco.
Ya sabemos, claro, que ambas cosas son pecado. Y dado que, según parece, la socialdemocracia realmente existente (aquí) ha decidido que es su deber histórico ejercer de Papá Estado --a mí esto me recuerda al paternal Generalísimo, qué quieren que les diga--, no es de extrañar que vele por la salud de nuestros pulmones y por la limpieza de nuestro aire. Pero eso sí, no nos confundamos: los que han de mantenerse sanos por decreto gubernamental, los que deben asegurar que el aire de las ciudades se torne repentinamente prístino, son los de siempre. Como de costumbre, pagan los mismos: no ya un proletariado inexistente como tal, pero sí desde luego las clases bajas y las medias.
No estoy diciendo nada nuevo, claro: es algo tan sencillo y tan antiguo como que los impuestos directos son más redistributivos, más igualadores, más "de izquierdas", que cualquier impuesto indirecto. No digamos ya cuando el impuesto indirecto en cuestión experimenta una subida tan súbita, siendo (como lo es) una carga sobre productos que, de primera necesidad o no, son de consumo diario y constante. Uno puede prescindir del tabaco, claro, pero el caso es que eso es una decisión personal (¿les suena aquello de la libertad individual?) en cuya dirección se va a presionar a los de siempre. Por una subida de 35 céntimos, está claro que quien cobra 5000 euros al mes no se va a ver abocado a abandonar el pitillo. Y digo yo que además, con la que está cayendo, podrían dejarle al menos al personal el consuelo del cigarrito de media mañana. Y del de después, que es el más importante de todos (aunque parece ser que, en esos momentos post-coito, la pastilla se considera más saludable que el cigarro).
No digamos ya la gasolina: promovamos el transporte público. Pero no mejorando su calidad, comodidad, frecuencia de paso y fiabilidad; eso sería absurdo. Si el ciudadano sevillano tiene que estar 27 minutos esperando el metro, que espere. No nos vamos a poner ahora a proporcionar un servicio digno. Mucho más sencillo es decretar una subida del precio de los carburantes que obligue a quienes estaban al filo de la navaja a perder el tiempo necesario cada mañana yendo al trabajo. Si es que siguen teniendo trabajo, claro. De paso, la vía pública se queda más despejada para los coches oficiales, que hay que ver lo que se tarda cada mañana en llegar de casa al Ayuntamiento, con tanto vehículo malvado y contaminante por ahí, empeñado en entorpecer el paso. ¿Que la subida de la gasolina va a provocar, por otra parte, una subida del resto de productos? Bueno: así casi parecerá que hay actividad económica, que el dinero se mueve, que la gente se anima y por eso suben los precios. No hay mal que por bien no venga y, total, nosotros seguiremos llegando a fin de mes con la misma facilidad. Que en Moncloa se vive mu a gustito, la verdá.
Claro está que no se trata ni de preocuparse por nuestra salud (antes al contrario: lo que conviene es que la gente siga comprando tabaco, para que entre un poco de dinero) ni de edificar un modelo "más sostenible". Se trata, sencillamente, de que a base de medidas irresponsables y oportunistas nos hemos comido el superávit a una velocidad récord (porque, además, no lo olvidemos, no había crisis). Y algo habrá que hacer para paliar la falta de ingresos.
La carga, eso sí, sobre los hombros de los de siempre. Esta es la nueva izquierda, señores. Y que todavía nos quieran colar el cuento, vídeos mediante, de la oposición binaria entre izquierda y derecha tan nítidamente dibujada en los cartelitos electorales, mitad azules y mitad rojos.
Esta debe ser la anunciada subida de impuestos "a las rentas más altas".
Lo que realmente apetece, qué quieren que les diga, es soltar unos cuantos improperios.
martes 16 de junio de 2009
viernes 15 de mayo de 2009
Compañera del Imperio
Artículo aparecido originariamente en la revista mexicana Replicante.
Las promiscuas relaciones entre lengua y poder son de sobra conocidas. No en vano, un elemento clave en la construcción de los modernos Estados-nación europeos fue la homogeneización lingüística, llamada a convertirse en instrumento de cohesión. La patria de la Revolución es un caso paradigmático. A nadie extraña hoy que la única lengua oficial de Francia sea el francés, utilizado por todos sus habitantes en el ámbito educativo y en sus relaciones con la Administración, aunque haya regiones en las que se emplea el occitano, el provenzal o el bretón en las abundantes actividades de la vida de los individuos que tienen lugar al margen de las instituciones.
La Francia democrática y liberal no mostró reparo alguno en ejecutar esta política, cuyos resultados sólo cabe medir según parámetros prácticos y comunicativos —¿qué otra cosa pedir a una lengua? Aparte expansiones ultramarinas, el francés constituye hoy el indisputado patrimonio común de más de sesenta millones de habitantes y se halla plenamente consolidado como vehículo de comunicación. Tradicional tierra de acogida, Francia ha hecho de su lengua una herramienta de integración de inmigrantes, lo que por otra parte parece la única actitud sensata. Provoca escalofríos imaginar las secuelas de hipotéticas políticas de excepción cultural para minorías deseosas de preservar identidades: terreno abonado para la profundización del cisma entre autóctonos y recién llegados, la proliferación de guetos y el arraigo de concepciones tribales.
Para bien o para mal, el esquema anterior no es aplicable a España, donde tienen reconocimiento oficial varios idiomas regionales junto con el común. No es sorprendente esta peculiaridad, habida cuenta de las vicisitudes de la difícil y acaso incompleta construcción del Estado liberal español. La lucha sin tregua entre concepciones políticas contrapuestas, la inestabilidad gubernativa, la práctica inexistencia de una burguesía fuerte, la constante intervención del ejército en política y la notoria incapacidad del Estado a la hora de reemplazar a la Iglesia en sus esferas de influencia tradicionales dieron lugar a un convulso siglo XIX, al término del cual el Estado liberal era aún una quimera o, en el mejor de los casos, un infante que echaba a andar. Cogida tan sólo de refilón por los vientos históricos que soplaban en Europa y azotada por el golpe moral del 98, España entró en el siglo XX a trompicones y recorrida por múltiples fracturas. La historia que sigue es conocida y no sería precisamente la del afianzamiento del modelo liberal.
Según una interpretación excesivamente generalizadora pero gráfica, cabe aventurar que el Estado liberal no se consolidaría plenamente hasta el final del franquismo y el subsiguiente proceso de transición. Liquidada desde arriba la dictadura mediante una reforma pactada, alejados de nuevo los militares de la política y depurados los vicios del parlamentarismo canovista, los problemas y disfuncionalidades que afectan actualmente a España pueden ser graves, pero es otro su origen, es distinta su naturaleza y han dejado de resultar anacrónicos en relación con el referente europeo. Y, sin embargo, se asiste hoy a un conflicto entre la lengua común y las regionales que bien podría resultar incomprensible a un observador externo.
En esto como en todo, España es resultado de su historia y la sombra del franquismo es alargada. La reivindicación de las lenguas regionales debe mucho a una comprensible reacción a la política de primacía del español puesta en marcha por el régimen desde una visión esencialista —Una, Grande y Libre. En el caso catalán, la represión de la posguerra vino acompañada de los obstáculos impuestos a aquella lengua, que iban más allá de la simple falta de reconocimiento oficial por más que resulte patentemente falsa la propagada idea de que el catalán “estaba prohibido”. Con todo, es paradójico que una dictadura autoritaria y reaccionaria desplegase una política lingüística en cierto modo semejante a la de los Estados de tradición liberal. En cualquier caso, el resultado último fue el reconocimiento oficial de los idiomas regionales como parte de los necesarios consensos de la transición.
Nada de ello es motivo para alarmarse. Antes al contrario: sea o no lo habitual en otros países europeos, el reconocimiento de más de un idioma oficial en las regiones bilingües ofrece a sus ciudadanos una encomiable posibilidad de elección. Por no hablar de que, hacia 1975, habría resultado anacrónica, amén de probablemente inviable y difícilmente deseable, una construcción nacional al estilo decimonónico. Distinto es que quienes todavía hoy esgrimen como argumento la marginación franquista del catalán no se dignen garantizar a los ciudadanos la posibilidad de escolarizar a sus hijos en español. Las tornas han cambiado, pero desde la óptica nacionalista no hay nada nuevo bajo el sol. Franco lo sabía, y ya lo había advertido siglos antes Nebrija: siempre la lengua fue compañera del Imperio.
Las promiscuas relaciones entre lengua y poder son de sobra conocidas. No en vano, un elemento clave en la construcción de los modernos Estados-nación europeos fue la homogeneización lingüística, llamada a convertirse en instrumento de cohesión. La patria de la Revolución es un caso paradigmático. A nadie extraña hoy que la única lengua oficial de Francia sea el francés, utilizado por todos sus habitantes en el ámbito educativo y en sus relaciones con la Administración, aunque haya regiones en las que se emplea el occitano, el provenzal o el bretón en las abundantes actividades de la vida de los individuos que tienen lugar al margen de las instituciones.
La Francia democrática y liberal no mostró reparo alguno en ejecutar esta política, cuyos resultados sólo cabe medir según parámetros prácticos y comunicativos —¿qué otra cosa pedir a una lengua? Aparte expansiones ultramarinas, el francés constituye hoy el indisputado patrimonio común de más de sesenta millones de habitantes y se halla plenamente consolidado como vehículo de comunicación. Tradicional tierra de acogida, Francia ha hecho de su lengua una herramienta de integración de inmigrantes, lo que por otra parte parece la única actitud sensata. Provoca escalofríos imaginar las secuelas de hipotéticas políticas de excepción cultural para minorías deseosas de preservar identidades: terreno abonado para la profundización del cisma entre autóctonos y recién llegados, la proliferación de guetos y el arraigo de concepciones tribales.
Para bien o para mal, el esquema anterior no es aplicable a España, donde tienen reconocimiento oficial varios idiomas regionales junto con el común. No es sorprendente esta peculiaridad, habida cuenta de las vicisitudes de la difícil y acaso incompleta construcción del Estado liberal español. La lucha sin tregua entre concepciones políticas contrapuestas, la inestabilidad gubernativa, la práctica inexistencia de una burguesía fuerte, la constante intervención del ejército en política y la notoria incapacidad del Estado a la hora de reemplazar a la Iglesia en sus esferas de influencia tradicionales dieron lugar a un convulso siglo XIX, al término del cual el Estado liberal era aún una quimera o, en el mejor de los casos, un infante que echaba a andar. Cogida tan sólo de refilón por los vientos históricos que soplaban en Europa y azotada por el golpe moral del 98, España entró en el siglo XX a trompicones y recorrida por múltiples fracturas. La historia que sigue es conocida y no sería precisamente la del afianzamiento del modelo liberal.
Según una interpretación excesivamente generalizadora pero gráfica, cabe aventurar que el Estado liberal no se consolidaría plenamente hasta el final del franquismo y el subsiguiente proceso de transición. Liquidada desde arriba la dictadura mediante una reforma pactada, alejados de nuevo los militares de la política y depurados los vicios del parlamentarismo canovista, los problemas y disfuncionalidades que afectan actualmente a España pueden ser graves, pero es otro su origen, es distinta su naturaleza y han dejado de resultar anacrónicos en relación con el referente europeo. Y, sin embargo, se asiste hoy a un conflicto entre la lengua común y las regionales que bien podría resultar incomprensible a un observador externo.
En esto como en todo, España es resultado de su historia y la sombra del franquismo es alargada. La reivindicación de las lenguas regionales debe mucho a una comprensible reacción a la política de primacía del español puesta en marcha por el régimen desde una visión esencialista —Una, Grande y Libre. En el caso catalán, la represión de la posguerra vino acompañada de los obstáculos impuestos a aquella lengua, que iban más allá de la simple falta de reconocimiento oficial por más que resulte patentemente falsa la propagada idea de que el catalán “estaba prohibido”. Con todo, es paradójico que una dictadura autoritaria y reaccionaria desplegase una política lingüística en cierto modo semejante a la de los Estados de tradición liberal. En cualquier caso, el resultado último fue el reconocimiento oficial de los idiomas regionales como parte de los necesarios consensos de la transición.
Nada de ello es motivo para alarmarse. Antes al contrario: sea o no lo habitual en otros países europeos, el reconocimiento de más de un idioma oficial en las regiones bilingües ofrece a sus ciudadanos una encomiable posibilidad de elección. Por no hablar de que, hacia 1975, habría resultado anacrónica, amén de probablemente inviable y difícilmente deseable, una construcción nacional al estilo decimonónico. Distinto es que quienes todavía hoy esgrimen como argumento la marginación franquista del catalán no se dignen garantizar a los ciudadanos la posibilidad de escolarizar a sus hijos en español. Las tornas han cambiado, pero desde la óptica nacionalista no hay nada nuevo bajo el sol. Franco lo sabía, y ya lo había advertido siglos antes Nebrija: siempre la lengua fue compañera del Imperio.
martes 7 de abril de 2009
martes 24 de febrero de 2009
Perlas
Democracia y capitalismo son incompatibles.Esto no debería sorprender a estas alturas a nadie, pero desde luego no deja de ser un objeto de estudio potencialmente fascinante este de la democracia según IU y demás sujetos añorantes del socialismo real y otros inventos.
Cayo Lara
Mejor aún, sin duda, es su definición de barbarie:
Pero eso vino después de su ataque sin matices a "la barbarie": la "economía de casino" que rige el mundo y España.¿Qué esperaban? Algunas cosas no cambian nunca. Estamos ante esa casta capaz de simpatizar con la teocracia iraní porque molestaba a los yanquis; de considerar al Che un amable luchador por la justicia, romántico empedernido; y de ver en Hamás a unos firmes defensores de la libertad.
Todo eso debe ser civilización, y no lo que tenemos aquí.
No estaría de más, por cierto, pedirle su opinión a Santiago Carrillo. Aunque igual ya es un facha.
jueves 19 de febrero de 2009
Proselitismo ateo
Una de las tendencias más molestas de buena parte de los grupos religiosos ha sido siempre su afán por convertir a los infieles a sus verdades reveladas. Aparte de haber servido de justificación ideológica al poder para emprender acciones no siempre puras y alabables en numerosas ocasiones a lo largo de la historia, el proselitismo religioso suele constituir cuando menos una fastidiosa intromisión en el ámbito de unas convicciones individuales en las que nadie tiene por qué meterse. Independientemente de lo cómico que puede resultar desde una mirada cínica y descreída, lo cierto es que en última instancia es casi indignante la voluntad de algunos de decirles a los demás lo que tienen que creer, máxime cuando se trata de cuestiones para las que no hay prueba empírica alguna.
En los últimos tiempos asistimos a una curiosa vuelta de tuerca en este ámbito, habiéndose producido una especie de "salida del armario" de ateos y/o agnósticos que proclaman un derecho a la visibilidad hipotéticamente reprimido o, si se quiere, autocensurado. Es altamente probable que al decir esto me gane las iras de buena parte de las personas con las que comparto [des]creencia, pero el caso es que no acabo de comprender campañas como las de la A atea de la campaña OUT encabezada por el celebrado Dawkins. De un lado, por un reparo que muchos calificarían de meramente estético: mi habitual alergia a las etiquetas hace que no vea grandes diferencias entre llevar una camiseta con la elegante A estampada y llevar un pin del Ché Guevara. De otro, porque me parece vislumbrar en el fondo de este movimiento una caída en ese gregarismo que constituye una de las caras más negativas de toda religión, así como una presunción de afinidad entre descreídos en la que subyace una especie de unidimensionalidad que no tiene poco de posmoderna.
La última acción en esta línea, como se sabe, ha sido la de los autobuses ateos que ya pueblan las calles de algunas ciudades españolas. Vaya por delante que no sólo no niego, sino que defiendo enérgicamente, la legitimidad y el derecho que asiste a quienes impulsan esta campaña. Lo cierto es que incluso me parece una iniciativa simpática y que probablemente me despertaría una sonrisa el ver pasar un autobús de estos. Y sin embargo no termino de compartirla, quizá porque la teórica racionalidad que en principio debería caracterizar a los ateos (primer error, claramente) no parece encajar demasiado bien con una iniciativa de este tipo. Personalmente, no veo ni la necesidad ni la utilidad de caer en los vicios de los grupos a los que siempre he criticado; ni siquiera veo la necesidad ni la lógica de considerarme parte de un "grupo" social constituido por el conjunto de los descreídos, con quienes a menudo no tendré nada en común más allá de esa falta de creencia en un ser superior. Ni falta que hace, por cierto. Y qué decir de la mentalidad adolescente a la que todo esto recuerda levemente: esa voluntad de épater les bourgeois, pretendidamente rebelde y revolucionaria, que tan bien sienta a determinadas conciencias y tan escaso efecto tiene sobre el mundo real. ¿O acaso alguien cree realmente que esos carteles van a convencer a los creyentes de que deben abandonar su fe, por irracional que sea ésta? En última instancia, reconozcámoslo, esto sirve para poco más que para divertir a los propios escandalizando a los ajenos.
Lo cual, dicho sea de paso, no tiene por qué tener nada de malo. Pero no lo disfracemos de otra cosa.
En los últimos tiempos asistimos a una curiosa vuelta de tuerca en este ámbito, habiéndose producido una especie de "salida del armario" de ateos y/o agnósticos que proclaman un derecho a la visibilidad hipotéticamente reprimido o, si se quiere, autocensurado. Es altamente probable que al decir esto me gane las iras de buena parte de las personas con las que comparto [des]creencia, pero el caso es que no acabo de comprender campañas como las de la A atea de la campaña OUT encabezada por el celebrado Dawkins. De un lado, por un reparo que muchos calificarían de meramente estético: mi habitual alergia a las etiquetas hace que no vea grandes diferencias entre llevar una camiseta con la elegante A estampada y llevar un pin del Ché Guevara. De otro, porque me parece vislumbrar en el fondo de este movimiento una caída en ese gregarismo que constituye una de las caras más negativas de toda religión, así como una presunción de afinidad entre descreídos en la que subyace una especie de unidimensionalidad que no tiene poco de posmoderna.La última acción en esta línea, como se sabe, ha sido la de los autobuses ateos que ya pueblan las calles de algunas ciudades españolas. Vaya por delante que no sólo no niego, sino que defiendo enérgicamente, la legitimidad y el derecho que asiste a quienes impulsan esta campaña. Lo cierto es que incluso me parece una iniciativa simpática y que probablemente me despertaría una sonrisa el ver pasar un autobús de estos. Y sin embargo no termino de compartirla, quizá porque la teórica racionalidad que en principio debería caracterizar a los ateos (primer error, claramente) no parece encajar demasiado bien con una iniciativa de este tipo. Personalmente, no veo ni la necesidad ni la utilidad de caer en los vicios de los grupos a los que siempre he criticado; ni siquiera veo la necesidad ni la lógica de considerarme parte de un "grupo" social constituido por el conjunto de los descreídos, con quienes a menudo no tendré nada en común más allá de esa falta de creencia en un ser superior. Ni falta que hace, por cierto. Y qué decir de la mentalidad adolescente a la que todo esto recuerda levemente: esa voluntad de épater les bourgeois, pretendidamente rebelde y revolucionaria, que tan bien sienta a determinadas conciencias y tan escaso efecto tiene sobre el mundo real. ¿O acaso alguien cree realmente que esos carteles van a convencer a los creyentes de que deben abandonar su fe, por irracional que sea ésta? En última instancia, reconozcámoslo, esto sirve para poco más que para divertir a los propios escandalizando a los ajenos.
Lo cual, dicho sea de paso, no tiene por qué tener nada de malo. Pero no lo disfracemos de otra cosa.
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